Las dificultades que enfrenta el sector salud en Colombia y en Antioquia perjudican las finanzas personales del usuario, porque a la cuota moderadora hay que sumarle otros gastos, y al sistema judicial porque la comunidad accede a la salud a través de los juzgados, principalmente usando como vehículo la acción de tutela .

Gustavo Campillo, presidente de la Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), sostuvo que, en promedio, un paciente debe realizar entre 8 y 10 trámites administrativos para poder hacer efectivo el derecho, lo que se traduce en mayores gastos, en especial para quienes ganan un salario mínimo.

En Antioquia, 906.880 personas devengaban de 1 a 1.5 salarios mínimos legales mensuales, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) de 2015, la más reciente elaborada por el Dane.

Para estas personas, sostiene Campillo, el cálculo se hace de la siguiente manera: el usuario pide el servicio mediante una consulta externa, en la que debe pagar $2.900 de cuota moderada. La misma cantidad que debe cancelar para recibir los medicamentos formulados por el médico y otro tanto si requiere exámenes de diagnóstico.

Este ejemplo, que según el estudio, muestra el promedio de esta población, suma $8.700.

Pero los gastos del usuario del sistema de salud no son solo estos. Hay que agregarle el costo del transporte entre la residencia o el lugar de trabajo y la institución prestadora del servicio (IPS) asignada por la EPS.

El estudio de Rasa señala que, en el caso de Medellín, en promedio, son tres desplazamientos, cada uno con, por lo menos, dos trayectos, cada uno de estos a $2000. Esto es, mínimo, $12.000 para ir a la IPS.

Esto significa que, para acceder de manera inicial al servicio de salud, una persona que gana el mínimo, debe gastar, por lo menos, $20.700.

Esto, sin contar las copias y el tiempo que debe esperar mientras es atendido.

“Esta situación limita, ya que el usuario debe elegir entre comprar la leche y los huevos o ir al médico. Las barreras administrativas convierten la cuota moderadora en una cuota subjetiva”, dijo Campillo.

Al respecto, Jaime Arias, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medicina Integral (Acemi) explicó que en el país, los trámites son muy complejos. Sin embargo, el directivo gremial aclaró que estos son definidos por las normas, ya que el sistema es muy regulado. “El Gobierno ha hecho esfuerzos en la ley antitrámites, pero como se trata de un sistema público, donde existe desconfianza, está lleno de requisitos, de papeleos, por las normas ”, argumentó Arias.

El copago, la deuda que adquiere el beneficiario cuando es atendido hospitalariamente es otro nudo del problema.

Néstor Álvarez Lara, vocero de la organización Pacientes de Alto Costo, dijo: “se paga al final de la atención, pero deja a la familia sin recursos para asistir a los controles posteriores”.

Hernando Torres, director del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud de la Universidad Nacional, indicó que comprar medicamentos en las farmacias y pagar del bolsillo un especialista, afectan las finanzas personales de los ciudadanos, por la no atención oportuna de la EPS y porque el paciente requiere el servicio o medicamento de forma urgente.

Las trabas que encuentra el usuario para acceder al sistema también se convierten en mayores costos en la rama judicial. “La puerta de entrada a los servicios no son los hospitales, sino los juzgados”, dijo Campillo. La acción de tutela es el camino para exigir un derecho fundamental de los colombianos.

El estudioso explicó que esto genera incrementos en los indicadores del sistema de salud y en la rama judicial. “Los costos de una acción de tutela se estiman en un millón de pesos”, aseguró.

Para los expertos, esta cantidad corresponde a una tutela compleja, que requiere de mayores procedimientos, pero existen acciones para acceder a los derechos fundamentales que pueden costar $650.000, según Diana Patricia Guerra Mazo, coordinadora del observatorio de Salud de la Personería de Medellín.

En 2016 la Personería de Medellín interpuso cerca de 15.000 acciones de tutela, 8.678 de ellas (57,8%) para exigir el acceso a servicios de salud.

La funcionaria indicó que existen otras consecuencias para el sistema judicial: pueden atrasarse otros procesos, porque los jueces están concentrados en temas de salud que se solucionan con una atención oportuna.