La proclamación del Día de la salud y la seguridad en el mundo del trabajo se origina en la denuncia y la exigencia del movimiento sindical de condiciones y ambientes de trabajo sanos y seguros que detengan el cuadro trágico de accidentalidad, enfermedad y muerte.
La ausencia de políticas de prevención, de medidas de seguridad en el trabajo, y de controles efectivos, y no el azar, la mala suerte o el descuido, son la principal causa de las heridas, enfermedades y con demasiada frecuencia muertes relacionadas con el trabajo.
La OIT estima que “anualmente mueren por esta causa más de dos millones de personas, 750.000 mujeres y 1.500.000 hombres, reflejando el hecho de que los hombres a menudo realizan trabajos más peligrosos. Los expertos de la Organización consideran que, de todas maneras, las estadísticas no alcanzan a reflejar la realidad, debido a que en muchos países falta información sobre este tema. De esas muertes, casi 350.000 tienen lugar debido a accidentes laborales. Otras son originadas por enfermedades profesionales. Más de 400.000 muertes son originadas por la exposición a sustancias químicas, responsables de 35 millones de los 160 millones de casos de enfermedades profesionales que se registran en el mundo. Lamentablemente, unos 22.000 niños que deberían haber estado en la escuela mueren en el trabajo cada año”.
Colombia no escapa a esta triste realidad. Por ello y como homenaje póstumo a los 200 trabajadores que murieron en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Guavio, el 28 de Julio de 1983, se adoptó esta fecha como Día Nacional de la Salud y la Seguridad. Por eso para los trabajadores este es un día de duelo y de protesta frente a la perversidad de un modelo que somete a la enfermedad y la muerte a los trabajadores en aras de la productividad y la rentabilidad de los inversionistas, bajo la mirada tolerante y displicente del gobierno y de los organismos de control. Pero es ante todo un día de exigencia para que las tragedias no se repitan.
Infortunadamente la inseguridad continúa. La tragedia de Amagá hace un año, con el doloroso saldo de 73 mineros muertos así lo confirma. No fue producto del azar ni imprevisto; al contrario, era una tragedia anunciada. Los gobiernos nacional y departamental advirtieron el peligro e hicieron previamente “sugerencias” y “recomendaciones”, pero no las hicieron cumplir. La empresa postergó indefinidamente las adecuaciones recomendadas y la explosión se hizo realidad. Luego vendrían otros accidentes mortales en minas de Boyacá y Cundinamarca, también por la ausencia de medidas preventivas.
No se trata de hechos aislados, ni exclusivos del sector minero. Las estadísticas de os últimos años muestran claramente que la salud en el mundo del trabajo, como en general la seguridad social en Colombia, se encuentra en una situación precaria y asediada por los problemas estructurales del desempleo y la informalidad.
El Sistema General de Riesgos Profesionales no cobija a los trabajadores informales que representan el 58% de la población ocupada. Según datos del Consejo Colombiano de Seguridad -CCS- el 5% de las muertes en accidente de trabajo corresponde a menores de edad, que deberían estar estudiando, y el 8% a adultos mayores, que deberían estar pensionados. El número de muertes por accidente de trabajo reportadas fue 964 pero apenas fueron calificadas como tales 588 y las empresas de suministro de personal temporal registran el mayor índice de accidentalidad.
La situación respecto a las enfermedades profesionales no es menos dramática. Las tablas desactualizadas, los trámites engorrosos y la presencia de las ARP como jueces y parte, se convierten en barreras insalvables para la calificación y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores; más aún, no hay mecanismos para garantizar una organización del trabajo que enfrente los altos índices de morbilidad.
Si a lo anterior sumamos el subregistro, las deficiencias en los mecanismos de control, inspección y vigilancia, el rezago en la aprobación y cumplimiento de los convenios internacionales y, principalmente, la privatización y mercantilización del Sistema de Riesgos Profesionales, es necesario concluir que frente a la política neoliberal de accidentalidad, morbilidad y muerte, debemos exigir el respeto a la vida y al trabajo en condiciones saludables y dignas.
Esta conmemoración debemos aprovecharla para exigir del gobierno nacional una política de salud y seguridad en el trabajo que incluya:
° La derogatoria de la Ley 100 de 1993 y la expedición de una norma que elimine la intermediación de las aseguradoras de Riesgos Profesionales, ARP.
° Que el Estado administre directamente el sistema y extienda las garantías de la salud ocupacional a los trabajadores independientes y de la economía informal.
° La ratificación del Convenio 155 de 1981 de la OIT, que establece el compromiso de formular, en consulta con los trabajadores, una política de salud y seguridad en el trabajo basada en la prevención.
° La ratificación del Convenio 176 de 1995 de la OIT sobre salud y seguridad en las minas.
° La adopción de mecanismos de inspección, vigilancia y control, que garanticen el reconocimiento efectivo de los derechos.
Fuente: cut.org.co
20 abril, 2021
